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Aseguramiento de la calidad


Para alcanzar los objetivos consagrados en
la Ley General de Educación, esta define
la creación de un Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, conformado por el
Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de
Educación - creado a partir de una reformulación
del antiguo Consejo Superior de Educación - y
dos nuevas instituciones: la Agencia de Calidad
de la Educación y la Superintendencia de Educación.
La LGE establece en términos generales las
funciones de cada institución, pero no explicita
el detalle de la forma de operar del sistema ni señala
cómo serán creadas la Agencia y la Superintendencia.
La construcción de esta nueva institucionalidad
se ha definido en el proyecto de ley que crea
el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Parvularia, Básica y Media,
presentado al Congreso Nacional en mayo del
2007 y actualmente en discusión.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial
realizado para Chile en el 2007, todos los sistemas
educativos exitosos del mundo cuentan con un
marco legal de aseguramiento de la calidad, el cual
establece responsabilidades explícitas para todos
los niveles y actores del sistema educativo. Asimismo,
muchos de estos países tienden a separar en
distintas instituciones las funciones de definición
e implementación de políticas educativas y las funciones de monitoreo,
evaluación y fiscalización de los actores del sistema.
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad se basa en el
mismo espíritu, distinguiendo las siguientes funciones
generales para cada institución:
El Ministerio diseña políticas, propone el currículo
y los estándares de aprendizaje y desempeño,
apoya a los establecimientos y sus
sostenedores y administra diversos registros de
información.
El Consejo Nacional de Educación aprueba el
currículo y el plan nacional de evaluaciones, y
sanciona los estándares de aprendizaje y desempeño.
La Agencia de Calidad realiza las evaluaciones
de aprendizajes y desempeño y entrega información
a las familias.
La Superintendencia fiscaliza el cumplimiento
de las normas, exige rendición de cuentas y
aplica sanciones por incumplimiento.